El transporte público como columna vertebral de la justicia social
Seguramente, si analizamos los presupuestos urbanos de nuestras ciudades, notaremos que la mayor parte de los recursos públicos se destinan constantemente a la ampliación de infraestructura vial para el automóvil privado. Desafortunadamente, el transporte público (especialmente el sistema de camiones) suele quedar en el olvido, operando con inversiones mínimas.
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Por esta razón, es urgente poner sobre la mesa que el transporte público no es meramente un sistema técnico de traslado de pasajeros; por el contrario, representa la auténtica columna vertebral de la justicia social en el entorno urbano. Una ciudad que no invierte en su transporte público está, de forma directa, marginando a sus ciudadanos más vulnerables.
Para comprender la gravedad de esta situación, es necesario reconocer a quiénes afecta directamente el funcionamiento del transporte público y sus deficiencias. Esto se debe a que las personas de menores ingresos, los estudiantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y las mujeres son quienes dependen mayoritariamente de este medio para ejercer su derecho a la ciudad.
Cuando el sistema es ineficiente, impredecible y costoso, la planeación restringe severamente la accesibilidad urbana de estas poblaciones, limitando sus capacidades potenciales para alcanzar empleos dignos, servicios de salud y centros educativos. En este sentido, la falta de inversión en el transporte masivo funciona como una barrera que aísla físicamente a las periferias y condena a sus habitantes a una situación de exclusión socio-territorial.
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Asimismo, no podemos ignorar el impacto diferencial que este descuido genera en las dinámicas de género y en la movilidad del cuidado. Por un lado, las mujeres realizan estadísticamente viajes más fragmentados, vinculados al acompañamiento de personas dependientes y al abastecimiento del hogar; al no contar con rutas con frecuencias adecuadas y paradas seguras, se les arrebata tiempo valioso de vida y se vulnera su seguridad.
Por otro lado, ante la deficiencia del servicio colectivo, muchas familias se ven obligadas a recurrir a la motorización individual forzada, adquiriendo motocicletas o vehículos particulares que representan un altísimo costo para la economía del hogar y que aumentan los índices de siniestralidad vial en las calles. Por lo tanto, el transporte público deficiente se traduce en una externalidad negativa que pagan, con dinero y con su propia seguridad, los sectores más desprotegidos.
Pero vamos por partes. Existen estrategias claras y viables a diferentes escalas para rescatar nuestro sistema de transporte público y transformarlo en una verdadera herramienta de equidad.
Por ejemplo, la implementación de carriles exclusivos para autobuses que reduzcan los tiempos de traslado frente al congestionamiento del auto; la modernización de la flota con criterios de accesibilidad universal; y el rediseño de las rutas con un enfoque intersectorial que conecte la ubicación de la vivienda con los usos de suelo estratégicos. Estas acciones, aunado a políticas tarifarias justas e integradas, no constituyen un gasto superfluo, sino una inversión social prioritaria para el bienestar de la ciudad.
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En conclusión, garantizar un sistema de transporte público digno, seguro y eficiente es el paso indispensable para saldar la brecha de desigualdad urbana que divide a nuestras ciudades.
Mientras sigamos evaluando el éxito del desarrollo urbano a través de la velocidad de los motores privados y permitamos el deterioro del servicio colectivo, continuaremos construyendo entornos que segregan y excluyen. Invertir en el transporte público es, en última instancia, democratizar el espacio público y asegurar que el derecho constitucional a la movilidad deje de ser un privilegio condicionado por el ingreso y se convierta en una realidad para toda la ciudadanía.
