Sinaloa endurece penas contra el acoso en el transporte: desde cárcel hasta pérdida de licencia | Mapasin
El acoso en el transporte público representa una forma de agresión que afecta la libertad de tránsito, la seguridad y la dignidad de las personas que utilizan los servicios de movilidad urbana en Culiacán, Sinaloa. Este problema se presenta sobre todo hacía mujeres, adolescentes y niñas, tiene efectos negativos en su bienestar físico y emocional al sentirse inseguras o amenazadas en cada trayecto que realizan.
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En México, existe un marco legal que reconoce que el acoso y la violencia sexual en espacios públicos, como el transporte, representan una violación a los derechos humanos de las mujeres y una problemática que debe ser atendido por el Estado. La Ley general de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia establece que es responsabilidad del Estado prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo los espacios públicos y el transporte. Esta ley ha sido reforzada para que las autoridades estatales y municipales desarrollen normas y políticas públicas específicas que aseguren el derecho a vivir sin violencia.
Además el Congreso de la Unión ha presentado iniciativas para reformar la Ley General de Movilidad y Seguridad vial y el Código Penal Federal con el objetivo de clasificar y sancionar la violencia sexual que ocurre en el transporte público y en aplicaciones de movilidad en todo el país, reconociendo que se trata de una violación a los derechos humanos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. A nivel estatal, el Congreso del Estado de Sinaloa ha probado modificaciones que consideran el acoso sexual en el transporte no solo como un delito penal, sino también como una falta con consecuencias administrativas en materia de movilidad.
Por ejemplo, se reformaron disposiciones del Código Penal y de la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Estado para determinar que aquellos que sean sentenciados por acoso sexual perderán de forma permanente su licencia de conducir y no podrán obtener otra durante varios años tras cumplir su condena, como parte de un enfoque integral de protección. De igual manera, la Comisión de Justicia del Congreso de Sinaloa aprobó dictámenes que buscan definir con mayor claridad el acoso sexual en la legislación, facilitando la existencia de fundamentos legales más claros para su investigación y sanción.
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Políticas públicas y protocolos ante el acoso en el transporte público.
En Sinaloa, la Secretaria de las Mujeres lanzó la iniciativa “Transporte seguro” como una medida para prevenir y atender el acoso en el transporte público urbano. Esta campaña promueve la formación de conductores con un perspectiva de género y colabora con la Dirección de vialidad y Transporte para dar a conocer métodos de denuncia y reforzar el compromiso con el sector transportista. A pesar de que no hay un protocolo federal obligatorio aplicable a todos los estados, casos como el del Estado de México han establecido orientaciones claras que pueden servir de modelo para que en Sinaloa se desarrollen protocolos más específicos y públicos.
¿Qué establecen las normativas sobre el acoso en el transporte?
La Ley General que garantiza a las mujeres una existencia libre de violencia y la normativa estatal identifican el acoso sexual como conductas verbales o físicas que que general un ambiente intimidante, hostil o degradante. Estas regulaciones imponen al Estado la responsabilidad de prevenir, responder y accionar ante tales conductas, así como asegurar que los espacios públicos, incluido el transporte, sean seguros. En Sinaloa, se han implementado reformas que aumentan las penas para aquellos operadores que cometen acoso, incluyendo la posibilidad de anular licencias en caso de que haya una condena.
¿Donde buscar ayuda y que organizaciones pueden ser de apoyo en Culiacán?
Si una persona experimenta acoso en el transporte público, tiene la opción de presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, donde se abrirá una investigación. Además, puede recibir asistencia en la Secretaría de las Mujeres o en la comisión de Atención Integral de Víctimas, que ofrecen orientación legal y apoyo en salud mental. Si se encuentra en una situación de peligro inmediato, debe comunicarse con el 911 o solicitar ayuda a la Policía Municipal o Estatal. Igualmente, la dirección de Vialidad y Transportes tiene la capacidad de aceptar quejas administrativas contra los conductores o concesionarios.
Ideas para intervenir para mejorar la atención y prevención del acoso en el transporte público, es importante contar con un protocolo local claro y conocido por todos. Llevar a cabo capacitaciones constantes para los conductores y el personal operativo, habilitar canales de denuncia rápidos y fáciles de usar, realizar campañas informativas enfocadas a los usuarios y asegurar una coordinación efectiva entre la Fiscalía, las autoridades de movilidad, seguridad y las organizaciones que atienden a la víctimas. Solo así las leyes pueden traducirse en acciones concretas que generen cambios visibles en la seguridad y confianza en la ciudadanía.
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