Desde la banqueta, la calle se percibe como un ecosistema lleno de riesgos. Para los peatones (en especial aquellas con discapacidad o movilidad reducida) cada cruce implica cálculos, tiempos y decisiones que pueden definir su seguridad. En cambio, desde el volante, la velocidad suele “normalizarse”, reduciendo la sensibilidad ante distancias cortas y tiempos de reacción.
Al conducir, la pérdida de visión periférica y la dificultad para estimar la velocidad real amplían una peligrosa brecha perceptiva que deja en desventaja al peatón. Elementos como el contraste visual, la complejidad del entorno o la falta de señalización adecuada distorsionan esta percepción y aumentan el riesgo.

La velocidad vehicular tiene un efecto exponencial en la gravedad de los impactos. A mayor velocidad, menor margen de reacción y mayor severidad de las lesiones. Para el peatón, esa diferencia puede significar la vida o la muerte.
Cuando un conductor subestima su velocidad, reduce su tiempo de reacción y, en consecuencia, también el del peatón. Para quienes tienen discapacidad visual, auditiva o movilidad reducida (como personas usuarias de silla de ruedas o mayores) este margen es aún más crítico.
Una ciudad que prioriza al peatón debe actuar no solo con leyes y límites de velocidad, sino con diseño urbano consciente, señalización clara y accesibilidad universal. Es fundamental considerar criterios de percepción específicos para distintos usuarios: niñas, niños, personas mayores o con discapacidad.
Estrategias efectivas:
Cruces seguros, elevados o sobreelevados que obliguen a reducir la velocidad.
Señalética clara y semaforización exclusiva para peatones.
Islas refugio que dividen el cruce en dos etapas.
Pavimentos táctiles, rampas y señalización audible y visual accesible.

La política de movilidad busca cerrar esta brecha perceptiva y de riesgo, estableciendo una jerarquía que coloca a las personas peatones en la cima de la prioridad.
En México, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y reglamentos locales como el de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México establecen que:
El peatón tiene preferencia en cruces semaforizados.
Los vehículos deben ceder el paso a peatones que ya cruzan.
Las personas con discapacidad tienen prioridad en todos los cruces.
En la práctica, esta jerarquía suele ser ignorada y percibida como una recomendación, no como obligación.

Muchos entornos urbanos no aplican criterios de accesibilidad universal. Obstáculos en banquetas, señalización deficiente o falta de infraestructura obligan a personas vulnerables a desplazarse por espacios vehiculares.
Cerrar esta brecha exige más que leyes: demanda un diseño urbano que obligue a reducir la velocidad y priorice la caminabilidad.
Mientras el conductor experimenta la velocidad desde una burbuja protegida, la persona peatona enfrenta sus consecuencias. Reconocer esta desigualdad no es solo un mandato legal: es una responsabilidad ética para construir ciudades más seguras, humanas e inclusivas.

